+ Denuncias ante organismos gubernamentales e independientes de derechos
humanos.
+RECUENTO DE AGRAVIOS, MUCHOS COMETIDOS POR LA TROPA, CONTRA INDIGENAS
CHIAPANECOS.
Raul Monge
Ajunsticiamientos, encarcelamientos, allanamientos, desalojos, expulsiones,
despojos, asesinatos, saqueos, negligencia de las autoridades y agresiones son
las violaciones a los derechos humanos que mas se han repetido en los ultimos
tres a$os en Chiapas, segun datos de la Comision Nacional y de organismos
independientes de derechos humanos. El sector indigena ha sido el mas golpeado.
Segun estadisticas de esos organismos, Chiapas esta ubicada entre los tres
primeros estados de la Republica con mas denuncias de hechos presuntamente
violatorios de las garantias individuales.
Solo en 1993, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustin Pro Juarez recopilo
30 casos de represion en esa entidad, de un total de 200 en el pais.
A continuacion se reproducen algunas de las denuncias sobre excesos de
soldados contra diferentes sectores de la poblacion civil durante 1993:
-El 28 y el 29 de marzo fueron detenidos arbitrariamente por elementos del
ejercito y agentes de la Policia Judicial del Estado trece indigenas tzotziles
de las comunidades de San Isidro, El Ocotal y Mitziton. Los acusaron de haber
dado muerte a Marco Antonio Romero y Porfirio Millan Pimentel, capitan de la
Fuerza Aerea Mexicana y teniente de Infanteria del Ejercito Mexicano,
respectivmente.
Segun la version oficial, amobs desaparecieron la ma$ana del 20 de marzo
cuando paseaban por el Cerro de los Bolones, al sur de San Cristobal de las
Casas, cerca de la XXXI Zona Militar. Tenian dia franco.
Cerca de 400 soldados iniciaron al dia siguiente la busqueda de sus compa$eros
desaparecidos. Segun denuncia presentada despues, cuando llegaron a la comunidad
de San Isidro, amenazaron de muerte a 46 familias, detuvieron ilegalmente y
torturaron a por lo menos trece campesinos.
A Marcelino Chilon de la Cruz lo sacaron violentamente de su choza de guano y
madera, lo vendaron y lo acostaron boca abajo, con la cara en un hormiguero. En
dos ocasiones, simularon asesinarlo descargando la pistola al aire. Otros
soldados tiraron puertas y sacaron violentamente a los moradores.
Jose Hernandez Mendez fue tundido a palos hasta quedar moribundo. Aun asi,
agentes vestidos de civil, presuntamente judiciales, le introdujeron puntas de
junca en el pene para que confesara haber participado en el doble homicidio.
Todos los hombres fueron conducidos hasta un paraje ubicado en las
inmediaciones de la localidad, donde otro grupo de soldados habia hallado los
cuerpos, calcinados de sus compa$eros. De ahi, los indigenas fueron trasladados
a las instalaciones de la XXI Zona Militar, posteriormente, los llevaron a los
separos de la Policia Judicial Estatal. Mas tarde, Fausto Gonzalez Hernandez,
Rafael Heredia Lopez, Erasmo Gonzalez Hernandez y Carmenlino Gonzalez Lopez
fueron conducidos a las antiguas instalacines del Cereso "La Merced". Ahi, los
agentes judiciales los torturaron y los mantuvieron sin alimentos e
incomunicados.
A traves de la VII Region Militar, el ejercito difundio un comunicado en el
que indico que "la mayoria de estos individuos se encuentran confesos" de haber
participado en el homicicio de los soldados. El Centro de Derechos Humanos Fray
Bartolome de las Casas se pregunto que como era posible que estuvieran confesos
los detenidos si aun no rendian su declaracion ministerial ante la autoridad
competente.
Durante el proceso, no se comprobo la responsabilidad de los indigenas en el
asesinato de los dos militares, por lo que fueron puestos en libertad. A su vez,
la CNDH exculpo de violacion de los derechos humanos a los soldados, no asi a
los elementos de la Policia Judicial Estatal.
-El 24 de mayo, unos 150 soldados irrumpieron con disparos al aire en las
comunidades de Patate Nuevo y Patate Viejo, sin motivo aparente. Entraron en los
hogares de los pobladores tzetzales y los obligaron, mediante golpes, a
concentrarse en la cancha de basquetbol. Una vez reunida la gente, todas las
viviendas, de donde sustrajeron dinero, enseres domesticos, articulos personales
y un pu$ado de armas calibre .22, dos radios de banda civil y algunos
cuchillos.
Terminado el cateo, los oficiales seleccionaron a ocho pobladores de
diferentes edades y nombres, los cuales fueron llevados en un camion al
campamento ubicado a unos siete kilometros. De ahi, fueron trasladados en
helicoptero a la ciudad de Tuxtla Gutierrez.
El agente del Ministerio Publico Militar, Hans Karl Hanhe, los responsabilizo
de los delitos de portacion de arma prohibida, lesiones, homicidio calificado,
asociacion delictuosa y violacion a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos. El 30
de mayo, el fiscal militar les sumo un nuevo cargo: traicion a la patria. Al dia
siguiente, el juez primero de Distrito, Humberto Ortega Zurita, dicto auto de
formal prision a los indigenas, sin tomar en cuenta que durante el proceso se
dieron actos intimidatorios contra la defensa. El 23 de julio, Marcos Perez
Jimenez, Lazaro Perez Lorenzo, Melchor Lopez Jimenez, Nicolas Clara Ruiz y
Andres Salvador Antonio obtuvieron su libertad, como resultado de la apelacion
presentada por la defensa ante el Tribunal Unitario del XX Circuito.
-El 25 de mayo, Mateo Salvador Francisco y Andres Salvador Antonio, de
origen guatemalteco, fueron detenidos en un reten militar en la carretera que
conduce o Ocosingo. Ambos, que se dedicaban a vender ropa en territorio
nacional, fueron llevados a Tuxtla Gutierrez, donde un fiscal militar los acuso
de portacion de arma prohibida, asociacion delictuosa y homicidio. Premanecen en
prision.
-El 6 de junio, elementos de las policias de Seguridad Publica y Judicial
del Estado allanaron y saquearon los domicilios de indigenas de las comunidades
tzeltales de Chalam del Carmen, Nuevo Sacrificio, Eden del Carmen y Rio Florido.
Sin orden de aprehension, los agentes detuvieron a 23 personas, entre ellas dos
menores de edad, quienes fueron transladados inmediatamente a diferentes
reclusorios. Dos dias despues los agentes los concentraron en el penal de
Ocosingo, incluidos los peque$os. Luego de un mes, dos adultos y los menores
fueron puestos en libertad. El resto de los indigenas fue excarcelado en
septiembre pasado.
A raiz de ese hecho, la CNDH emitio la recomendacion 184/93 al gobernador
Elmar Setzer, para que "inicie el procedimiento administrativo de
responsabilidad" contra los servidores publicos que intervinieron en el caso.
Otro problema que preocupa a los organismos defensores de derechos humanos es
la expulsion por motivos religiosos de residentes de la zona de los Altos de
Chiapas. En el primer semestre de 1993, el Centro Fray Bartolome de las Casas
reporto ocho casos de amenazas de expulsiones de indigenas.
"Estos hechos, que se inscriben claramente en violaciones a las legislaciones
internacionales, nacionales y estatales han permanecido en la impunidad total
sin que las autoridades hasta el dia de hoy practiquen alguna diligencia de
orden judicial a fin de esclarecer los hechos, deslindar responsabilidades y
castigar a los culpables.
"Los derechos mas frecuentemente violados son: derecho a no ser
arbitrariamente detenido, preso, ni desterrado; libertad de reunion y
asociacion; libertad de creencias; libertad de expresion de ideas y de opinion;
igualdad de dignidad y derechos; integridad fisica; libertad de transito y
residencia, y seguridad personal."
De acuerdo con datos del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustin Pro
Juarez, hasta 1992 el Ejercito ocupaba el sexto lugar en la lista de autoridades
que mas violan los derechos humanos en Chiapas, con 136 acusaciones, de las
2,106 reportadas en ese a$o en la entidad. Es decir, el 63.8% de las quejas
recabadas por el organismo tuvieron como lugar de procedencia el estado de
Chiapas. La etnia mas agredida en el pais fue la tzeltal, con 1,014 casos,
seguida de la tzeltal-tzotzil y la tzotsil, con 185 y 279 casos, todas de los
Altos.
En su informe preliminar de 1993, proximo a salir a la luz publica, el Centro
dice: "El estado de Chiapas, es al igual que en 1992, el estado con mas
violaciones a las garantias individuales contra grupos organizados y ciudadanos.
La mayoria de las agresiones fueron contra los grupos indigenas tzeltal y
tzotzil, asi como grupos campesinos meztizos.
"El sector mas afectado fue el campesino-indigena. El tipo de violacion mas
frecuente fue el de lesiones y agresiones, seguido de detenciones arabitrarias,
amenazas, tortura y asesinato.
"Las organizaciones mas reprimidas en Chiapas, a manos de grupos de choques
de la CNC, fueron la Campesino Emiliano Zapata (OCEZ), la Union General Obrera,
Campesina y Popular (UGOCP), la Central Independiente de Obreros, Agricolas y
Campesinos (CIAC). Un hecho que se agudizo en 1993 fueron las expulsiones
indigenas tzotziles de sus comunidades por practicar la religion protestante.
Los represores fueron en su mayoria caciques que gozan de impnidad y proteccion
de las autoridades y agentes municipales.
Tales apreciaciones son reforzadas por el Centro Fray Bartolome de las Casas.
En su balance semestal enero-junio de 1993, enlista una serie de casos sobre
presuntas violaciones a los derechos humanos que han obligado a los grupos
indigenas a "edificar sus propias organizaciones y metodos de lucha, para
reclamar derechos por la tierra y por mejores condiciones de vida".
Apunta que el sector campesino es el mas golpeado en sus derechos
elementales. Del total de quejas recibidas durante el primer semstre del a$o
pasado, el 72.3 % correspondio a ese sector, lo cual, afirma, demuestra el total
estado de indefension en que se encuentran.
Durante los dos a$os y medio que duro la administracion de Patrocinio
Gonzalez Garrido en Chiapas, la Comision Nacional de Derechos Humanos recibio
mas de 100 "soicitudes de informacion" y una docena de recomendaciones por la
presunta transgresion a las garantias individuales cometidas por servidiores
publicos de diferentes areas de su gobierno.
Solo en 1992 acumulo ocho, tres de las cuales se relacionaban con casos de
tortura. La primera fue girada el 24 de febrero por irregularidades detectadas
en los Centros de Readaptacion Social de Tuxtla Gutierrez. Esta sigue sin
cumplirse aun.
Tres meses despues, el 27 de abril, ligo la segunda recomendacion en relacion
con el caso de los hermanos Ramon Octavio y Alfredo Castro Albores, detenidos
arbitrariamente y torturados por elementos de las policias de Seguridad Publica
y Judicial del estado. Los hechos ocurrieron el 13 de octubre de 1990.
El 6 de Mayo recibio la tercera recomendacion vinculada con el menor Ubaldo
Urgel Martinez, asesinado a golpes en la Zona de los Chimalapas, region
limitrofe entre Oaxaca y Chiapas.
La cuarta recomendacion se produjo el 7 de agosto por el despojo de tierra
cometido en agravio de Rosa y Roberto Hernandez Orozco. En septiembre y octubre
llegaron al despacho del entonces Gobernador tres recomendaciones mas, sobre
negligencia de la autoridad, tortura y condiciones contrarias a las normas de
readaptacion social en la carcel de Tonala. La ultima recomendacion recibida en
el periodo de Gonzalez Garrido llego el 27 de noviembre, sobre el caso de Juan
Carlos Quintana Linares, quien fue golpeado por agentes judiciales.
Aparte de esas recomendaciones, la CNDH solicito a Gonzalez Garrido
informacion adicional sobre poco mas de 100 casos presumiblemente violatorios de
los derechos humanos.
Su sucesor, Elmar Setzer, no apodido atenuar la violacion de las garantias en
la eantidad, segun lo demuestra las cifras de la CNDH. Tiene pendientes de
cumplir una docena de recomendaciones, cinco de ellas heredadas. Estas son las
numero 23/92, 83/92, 192/92, 1989/92, 253/92, 34/93, 47/93, 48/93, 59/93, 52/93,
72/93 y 88/93.
Jorge Madrazo, presidente de la CNDH se encuentra en Chiapas desde la semana
pasada para observar que se respeten las garantias individuales, aunque ya
empieza a enfrentar los primeros problemas. El ejercito le impidio la entrada a
Ocosingo el viernes 7, bajo el argumento de que las condiciones en esa poblacion
son aun riesgosos, segun un despacho de la agencia italiana ANSA.
CEPODHAC (internet: CEPODHAC@laneta.igc.apc.org)
* Origin: (3:970/4.207)